En medio de un tumultuoso período de protestas, el gobierno de Cuba anunció que reconocerá—y regulará—las criptomonedas para los pagos.
El gobierno de Cuba anunció ayer que reconocerá y regulará las criptomonedas para los pagos, de acuerdo con Associated Press.
El anuncio llegó en forma de una resolución que decía que el banco central del país — Banco Central de Cuba — regirá la forma en que los ciudadanos podrán utilizar criptomonedas como Bitcoin y Ethereum.
La economía de Cuba
El anuncio ha llegado en un momento en que Cuba se ha visto sacudida por protestas antigubernamentales.
El mes pasado se produjeron protestas por la falta de alimentos y medicinas en medio de una grave crisis económica, que se ha visto empeorada no sólo por la COVID-19, sino también por las sanciones extranjeras.
Bruno Rodríguez, representante del presidente Díez-Canel, culpó de las protestas a los “agentes asalariados” de la época.
Además de la falta de productos de primera necesidad, como alimentos y medicinas, los cubanos también se tambalean tras la decisión del gobierno de poner fin a su sistema de doble moneda — lo que ha causado que muchos cubanos pierdan fondos al cambiar los pesos cubanos convertibles (CUC) por el peso cubano tradicional (CUP).
El gobierno cubano no proporcionó ningún detalle significativo sobre por qué las criptomonedas serán reguladas y reconocidas en Cuba, aparte de por “razones de interés socioeconómico”. Sin embargo, al igual que en El Salvador, la medida puede interpretarse como un medio para preservar la riqueza de los ciudadanos.
¿Siguiendo los pasos de El Salvador?
A principios de este año, El Salvador dio el paso de reconocer el Bitcoin como moneda de curso legal.
Aunque Cuba no ha dicho explícitamente que ninguna criptomoneda se convertirá en moneda de curso legal, el anuncio señala un movimiento para incorporar las criptomonedas en la vida cotidiana y las necesidades de pago de los cubanos.
El gobierno también habría dicho que el propio Estado controlaría el funcionamiento de las criptomonedas en el país, y que esas operaciones no implicarían una actividad ilegal.
